Antiguamente, en la zona central del Perú, había un servicio ferroviario de pasajeros que partía de Junín y llegaba a la estación de Desamparados, a espaldas de Palacio de Gobierno. Eran dos viajes de ida y dos de venida. Pero pronto los vehículos automotores empezaron a ganarle la partida, no solo en el transporte sino también en el de carga. El camión también comenzó a comerle mercado al tren.
De Chosica ya no solo se contaba con buses que recorrían la carretera central, para entonces ya anchada, sino también de vehículos más chicos para pasajeros, que daban flexibilidad, disponibilidad y rapidez. E incluso, cuando este sistema comenzó a tener dificultades arribó en su auxilio la ampliación del parque automotor vía importaciones. El tren solo fue útil, en el transporte de personas, en casos de emergencia, como la interrupción de la carretera central a causa de los huaycos. Y es que el tren transcurría por una vía de transporte de carga, que adolecía de lentitud, de interrupciones y de una vía alejada de la gente. Los dueños de la concesión han venido machacando con la idea de convertirla en vía de pasajeros pero durante muchos años esa idea no la han podido vender, por lo menos hasta que el acceso de López Aliaga a la alcaldía de Lima generaría circunstancialmente un tema que hasta donde sabemos no formaba parte de su programa electoral.
En EEUU había una empresa que estaba donando sus trenes. Bueno, en realidad no estaba donando nada. El tema de la donación apareció mucho después. En realidad estaba destruyendo sus locomotoras porque generaban contaminación ambiental. Razón por la cual el Estado de California otorgó un subsidio a esa empresa de 20 millones de dólares para tal propósito. Las locomotoras tenían como destino la destrucción. No así los vagones los cuales estaban a la venta para usos ajenos al negocio ferroviario.
Pero luego el dueño de la empresa norteamericana, Caltrain, entró en contacto con gente, venida de Perú, interesada en adquirir no solo las locomotoras sino también los vagones. Y entonces la destrucción de se convirtió una donación donde parece que la municipalidad de Lima no solo pagó por el transporte sino por algo más. Por diversos conceptos habría desembolsado 24.5 millones de dólares, entre ellos traslados, permisos, seguros, almacenamiento y diversas reparaciones.
La contradicción inicial sobre este tema se da en EEUU, porque dio pie a un interrogante: ¿Cómo es que algo que se elimina usando dinero subsidiado, para evitar la contaminación, se traslada a otro lugar de la tierra para seguir generando esa contaminación?
Aparentemente lo que justificaría la superación de esta incoherencia estaría por lo ya manifestado por gente del más alto nivel del entonces gobierno de Biden: la ganancia. El negocio aparente era enviar el material ferroviario con 40 años de antigüedad porque para hacerlo funcionar se necesitará de una nueva infraestructura que demandaría un costo estratosférico para Perú y ganancias para el país del norte: Rieles y material adicional fabricados en el país donante.
La traída de los trenes ha suscitado apoyos incondicionales y críticas muy fuertes, porque, se dice, el proyecto no tiene sustento técnico, no tiene plan financiero, ni integración con el sistema metropolitano, y nunca se dijo tampoco que no podían funcionar sin la venia y la participación del Ministerio de Transportes ni la Autoridad de Transporte Urbano (ATU)y que el proyecto no tiene rieles ni destino, excepto que el alcalde propone ceder el material rodante a un operador privado, en uso y usufructo.
La Ley Orgánica de Municipalidades, dictamina que un alcalde puede recibir donaciones, pero la administración de un servicio de transporte urbano no es competencia municipal. La responsabilidad la tiene la Autoridad de Transporte Urbano (ATU), entidad adscrita al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC).
Pero como el proyecto no se adecúa a la normativa, lo que se viene ahora es el cambio de normativas. Eso es lo que parece estar pidiendo el alcalde ¿Pero es suficiente?
Un vocero de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) dice que al día de hoy no hay estaciones ni herramientas adecuadas para la infraestructura que requieren los vagones del tren donados por la empresa estadounidense Caltrain a la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML).
Otro tema son los números. Cuánto se pagó, qué se pagó.
La Sunat ha solicitado a la Municipalidad de Lima sustentar con documentos oficiales el valor registrado en abril de este año, que asciende a S/822 millones, que difiere de la carta oficial de donación emitida por Caltrain, que incluye 90 vagones, 19 locomotoras y repuestos, con un valor total estimado de 4.9 millones de dólares. Ante lo cual la Municipalidad respondió diciendo que el monto no corresponde a un precio de mercado, sino a un “valor técnico patrimonial”.
En una sesión del Comité Consultivo de Ciudadanos de Caltrain se habría definido el envío de la flota a Lima como parte del "retiro de flota diésel" mencionándose que “se firmó un acuerdo con Lima, Perú, para la venta de locomotoras y servicios de mantenimiento diésel”.
Voces más afines con la línea ideológica del alcalde de Lima afirmaron que se pagó 7 millones de dólares a Caltrain, "casi un regalo, pero de ninguna manera una donación".
