Cierto número de economistas depositan toda su confianza en el Tribunal Constitucional y esperan que este organismo declare inconstitucional la ley aprobada por el congreso para el retiro de los fondos del Sistema Nacional de Pensiones, administrado por la Oficina de Normalización Previsional (ONP).
El profesor de Centrum Católica, Alejandro Indacochea, expresó su confianza en que el TC declare inconstitucional la norma que permite el retiro de aportes de la ONP, en caso que la iniciativa legislativa sea observada y elevada por el Ejecutivo al Tribunal.
Dijo que no está en discusión apoyar a los pensionistas y jubilados de la ONP. Ellos están en un sistema injusto, en donde si no acumulan 20 años de aporte no reciben nada”, precisó, pero ¿por qué entonces ningún Congreso anterior hizo algo por cambiar esta situación?
La medida significará "un desembolso de 6,000 millones de dólares, aproximadamente un 2.5% del producto bruto interno (PBI) que irá a manos de unos pocos y dejará sin pensiones a los jubilados”.
Por su parte, Hugo Perea, economista Jefe del BBVA Research, afirmó que medidas como la devolución de los aportes a la ONP aprobadas por el Congreso de la República, dificultan la labor del Gobierno de conseguir financiamiento adecuado en mercados foráneos para afrontar los efectos de la crisis sanitaria debido a la pandemia.
Dijo que hay un déficit grande qué financiar y medidas inconsistentes como ésta podrían afectar la percepción de las fortalezas macroeconómicas del país, pues
"pueden elevar los costos de financiamiento para el Gobierno”. Incluso, el mismo día en que el dictamen de la norma se aprobó en la Comisión de Defensa del Consumidor del Parlamento, las tasas de interés de los bonos del Gobierno peruano se elevaron.
Jorge Guillén, economista de la Universidad ESAN, afirmó que es muy difícil hacer esas devoluciones porque no hay dinero para ello. En caso de que sea posible, los aportantes recibirán menos de lo previsto porque la operatividad es muy complicada y para quienes reciban una UIT fija, el Estado tendría que poner más dinero, incrementando con ello el déficit fiscal.
