Actualmente
habría unas 8,000 inmobiliarias y
constructoras informales que venden predios sin garantías. Y a diciembre del 2014, solo se habían registrado
unas 5,500 empresas en la Central de Información sobre Promotores Inmobiliarios
y Empresas Constructoras.
Esta
situación quedará subsanada cuando las
empresas inmobiliarias estén obligadas -si
es que se aprueba un proyecto de ley en discusión en el congreso- a colocar avisos visibles para que los compradores accedan a
las centrales de riesgo y constaten si estas tienen sanciones.
Según
el congresista Carlos Bruce esta iniciativa se debatirá en el congreso en la
próxima legistatura de agosto gracias a que ya fue aprobada por las comisiones de Vivienda y
de Defensa al Consumidor.
