Los fondos
buitre también tocan las puertas del Perú. No con una demanda judicial –todavía-
como en el caso argentino, sino bajo la forma de un arbitraje solicitado al amparo del TLC firmado entre Perú y Estados Unidos. Aunque en este caso no se
trata de bonos soberanos, sino de bonos emitidos en el Perú en moneda local y sujetos al Derecho Peruano y a la jurisdicción
de las cortes de justicia peruanas.
La
notificación –con carácter preliminar, emitida el 1 de febrero- tiene como
demandante al Fondo Gramercy, tenedor de un 20% de los fondos agrarios emitidos
durante la reforma agraria. El reclamo es por US$1 300 millones por la supuesta
violación del Tratado de Libre Comercio (TLC), entre Estados
y Perú.
Lo que no
escapa al conocimiento de nadie es que este tipo de fondos compra valores a
precios irrisorios para luego ampararse en el poderío de la potencia del norte para
hacer valer sus intereses mediante lobbies e inversiones publicitarias.
Según el MEF, el Estado peruano tiene un procedimiento
mediante el cual los tenedores pueden
acogerse a un procedimiento para autenticar, registrar y actualizar el valor de
sus bonos.
Si el
reclamo de los denunciantes tuviera asidero en el marco de lo que el acuerdo
comercial con Estados Unidos estipula,
entonces estaríamos comenzando a ver en el reverso de la moneda la cara no amable del TLC.
