Con la resolución de
la ONU relativa a la restructuración de
deudas que emprendan los países, el estado
argentino se anotó un triunfo diplomático -aunque de escaso efecto inmediato,
según algunos pareceres – con respecto a su conflicto judicial en New York
contra los denominados “fondos buitres”.
La resolución aprobada
por la Asamblea General de la ONU incluye
principios básicos a tener en cuenta en los procesos de reestructuración de
deuda soberana, de modo que tanto
acreedores como deudores deben actuar de buena fe y cooperar para llegar a un
acuerdo consensuado.
La
resolución, respaldada por el Grupo de los 77 más China, obtuvo 136 votos a
favor, 6 Estados votaron en contra y 41 se abstuvieron.
El texto
incluye nueve principios, entre ellos el de que un Estado soberano tiene
derecho a elaborar su política macroeconómica, incluida la reestructuración de
su deuda.
Señala
también que acreedores y deudores deben llevar a cabo negociaciones
constructivas con el propósito de concluir el proceso de reestructuración lo
antes posible y con transparencia.
La
resolución establece además que los Estados no deben discriminar entre los
acreedores y alude a la inmunidad de un Estado frente a tribunales extranjeros
en estos procesos.
El ministro
de Economía argentino Axel Kicillof manifestó que fijar “estos principios
básicos es un paso fundamental para que nadie sufra ataques como los que hoy
Argentina y otros muchos países están sufriendo por parte de los fondos
buitres. Saludamos esta resolución de las Naciones Unidas porque es un paso
fundamental para que consigamos un mundo mejor, un mundo libre de buitres”.
La
resolución incluye también un principio de sostenibilidad y aboga por que los
procesos de reestructuración se completen a tiempo y con eficacia, de manera
que no pongan en peligro la estabilidad de los países deudores y eso contribuya
a un crecimiento económico inclusivo y a la estabilidad del sistema financiero
internacional.
La resolución también establece que los acuerdos aprobados por una mayoría cualificada de acreedores
no deben ser afectados, perjudicados u obstaculizados por otros Estados o una
minoría de acreedores no representativa, que deben respetar la decisión de la
mayoría.
Uno de
los principios -según el diario argentino
La Nación- es el pari passu, que es el mismo que los fondos buitres usaron ante el juez Griesa de New York contra el Estado argentino, mientras que otro –el de “legitimidad”- establece que los "términos y las
condiciones de los contratos originales deben ser válidos" hasta que no sean
modificados por un acuerdo de reestructuración, de forma que se respete "la decisión de la mayoría de los
acreedores", donde el 7% de ellos no vaya en contra de los
intereses del 93% que canjeó sus títulos.
Según la agencia británica Reuters, la resolución a pesar de no ser vinculante, por no provenir del Consejo de Seguridad, sí tiene un indudable peso político.
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En contra
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Israel,
Estados Unidos,
Reino Unido,
Alemania,
Canadá
Japón.
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Abstencionistas
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España,
Grecia,
Corea del Sur, Australia o Nueva
Zelanda,
México, Colombia
Resto de Europa y otros.
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A favor
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“Grupo de los 77”
China.
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