viernes, 20 de enero de 2017

NOTAS 20/01/2017




CIRA

Según el ministro Gonzalo Tamayo, el  proceso de formalización de los pequeños mineros y de los mineros artesanales del país alcanzaría, al finalizar el gobierno, un estimado de 100 mil a 150 mil individuos, lo cual se logrará  a través de la simplificación de los trámites, incentivos económicos y trabajo multisectorial.
la inscripción en el Registro Integral de Formalización Minera (REINFO) de las personas que desarrollen actividades de pequeña minería y minería artesanal se hará desde el 6 de febrero hasta el 1º de agosto del presente año, pero el plazo de vigencia del proceso de formalización tendrá una ampliación de tres años, desde el cierre del registro hasta el 2020.
Además se ha reformulado  el instrumento ambiental, creándose el Instrumento de Gestión Ambiental para la Formalización de Actividades de Pequeña Minería y Minería Artesanal (IGAFOM), el cual contiene una parte preventiva y otra correctiva.
Por su parte, el ministro de Cultura, Salvador del Solar, afirmó que no se requiere la exigencia del CIRA en las zonas donde se desea impulsar el proceso de formalización minera, pues se trata de áreas donde ya existe un trabajo minero realizado desde hace varios años, ya que el CIRA (Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos) es un instrumento de naturaleza preventiva.
 Según Del Solar, la no exigencia de ese requisito no implica relajamiento alguno en la labor de fiscalización, debido a  que existen diversos monitoreos arqueológicos. El  minero pide permiso al MEM para realizar actividad en una zona específica, pero con aviso al despacho de Cultura, que revisará la zona en búsqueda de zonas arqueológicas
Las declaraciones de los ministros se dio  durante la conferencia conjunta con las carteras de Ambiente, Cultura y Justicia, para brindar los alcances de los decretos legislativos 1293 y 1336.


ENAGÁS

  Enagás, empresa española, informó sobre la falta de cierre financiero para el proyecto Gasoducto Sur Peruano (GSP) antes del 23 de enero que "podrá dar lugar" a la terminación de la concesión, un escenario en el que la empresa recuperaría la inversión realizada.

Enagás, compañía dedicada al transporte de gas, dice   que si se llega a ese escenario de fin de la concesión se hará una subasta y con lo obtenido se abonará a los socios sus inversiones.
Se "recuperaría la inversión realizada en el proyecto en un plazo máximo estimado de 3 años".
Si es que3 se llega a la terminación del contrato el proceso de subasta y recuperación de inversión de los actuales socios estaría resuelto en seis meses.

El consorcio Gasoducto Sur Peruano (GSP) está conformado por la brasileña Odebrecht Latinvest (con un 55 % de las acciones), la española Enagás (25 %) y la peruana Graña y Montero (20 %).
El gasoducto, avanzado ya en 30 %, se le adjudicó al consorcio formado a Odebrecht y Enagás el 30 de junio de 2014 implicando un valor de inversión  de 7.328 millones de dólares. El contrato respectivo se suscribió el 23 de julio de ese año.
En marzo del año pasado Enagás asumió la gestión del proyecto, junto a la peruana Graña y Montero, en lugar de la brasileña, en medio de un escándalo por corrupción en Brasil.

El proyecto del  Gasoducto Sur Peruano (GSP) comprende  el diseño, financiación, construcción, mantenimiento y operación  de un sistema de transporte de gas natural de más de 1.080 kilómetros, desde   Camisea hasta Ilo, a través de  una concesión privada de 34 años.



ODEBRECHT: AL BORDE DEL ABISMO
 
 Debido que la prórroga adicional de 120 días fuera rechazada por el gobierno, el lunes 23 es el último día que Odebrecht tiene para presentar el cierre financiero o realizar la transferencia de 55% de sus acciones del el proyecto, las cuales serían compradas por Graña y Montero y Enagás, quedando al margen el fondo de inversión canadiense Brookfield y la estatal china CPNC   
En la mencionada fecha llega a su término la prórroga concedida por el Estado  para que el consorcio liderado por Odebrecht en el megaproyecto energético Gasoducto Sur Peruano (GSP) presente el cierre financiero o transfiera el 55% de sus acciones.
Al respecto, el ministro Thorne, afirmó que de llegarse a la fecha límite sin el cierre financiero ni transferencias de acciones, el contrato revertiría al Estado peruano por incumplimiento del concesionario. Y agregó que el Estado no va a retirar  la cláusula anticorrupción de ese contrato.
Según Thorne hay muchos interesados que quisieran entrar a realizar ese contrato y si así fuera daría lugar a un proyecto paralelo que  permita llevar el gas a los gobiernos regionales del sur, como  Puno, Arequipa y el Cusco.
 De otro lado, el  presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, dijo que se analizaría que al momento de la transacción (venta de acciones)que una parte vaya para un fideicomiso que financie los daños y perjuicios al Estado peruano.
 En todos los  proyectos, entre los que se encuentran el trasvase de aguas de Olmos en Lambayeque y la central hidroeléctrica de Chaglla en Huánuco, el producto de la venta irá a un fideicomiso para cobrar las multas respectivas "una vez que el Poder Judicial haga su trabajo".



INFLACIÓN 2.7% EN 2017


  El FocusEconomics Consensus Forecast LatinFocus modificó  su reciente pronóstico de la inflación peruana para el 2017 reduciendo su estimado de 2.8% a 2.7%.
Según el BCR  las expectativas de la inflación peruana se ubicaron dentro del rango meta  (1 % y 3 %), y notándose  una trayectoria descendente.

El INEI previamente había informado  que el Índice de Precios al Consumidor de Lima Metropolitana se incrementó en 3.23 % en el 2016, con una tasa promedio mensual de 0.27 %.
Tal variación estuvo por debajo del registrado en 2015 (4,40 %); pero similar a la del 2014 que alcanzó 3,22 % mientras que en diciembre del 2016, los precios en Lima subieron 0.33 %.









OSITRAN A FAVOR DE ADENDA: JORGE CHÁVEZ


El Consejo Directivo de Ositran dio  opinión (no vinculante) favorable al proyecto de adenda N° 7 del contrato de concesión para la construcción, mejora, conservación y explotación del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez (AIJCH), el principal de Perú.
La adenda apunta a establecer las condiciones para que el concesionario, Lima Airport Partnerts (LAP), pueda iniciar las obras relacionadas a la ampliación de la Fase III del primer terminal aéreo del país.
 Ositran señaló que la adenda busca actualizar aspectos técnicos en el texto del contrato suscrito con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) el 14 de febrero de 2001.
La propuesta de adenda N° 7 plantea la modificación de aspectos como los destinados a la actualización de la Definición de Acreedores Técnicos Permitidos.

Propone incorporar un nuevo plazo de vigencia de la concesión acordado entre LAP y el MTC mediante Acta de Acuerdos en la etapa de Trato Directo de Controversia, relacionada al Contrato de Concesión para la Construcción, Mejora, Conservación y Explotación del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, suscrita el 20 de diciembre de 2016, en la que además se decidió poner fin al Trato Directo iniciado en el 2013, y se acordó  una ampliación de 10 años más de plazo de vigencia de la concesión a favor de LAP.