MARCHA USUARIOS QUE RECLAMAN POR INSTALACIÓN DE GAS NATURAL
Unos 3 mil
usuarios de gas natural de Lima
se desplazaron por el centro histórico de Lima en dirección al
Congreso de la República en rechazo a la política de conexión de gas domiciliario
y a las tarifas, supuestamente
abusivas y con incrementos injustificados.
Los manifestantes reclamaron que se amplíen los
planes anuales de conexiones domiciliarias de gas natural con el subsidio del
“BonoGas”.
Una comitiva
fue recibida por la presidenta del Legislativo, Luz Salgado; Marisa
Glave, Richard Arce y Armando Villanueva, presidente de la Comisión de
Energía y Minas.
Existen más
de 12 mil solicitudes de reclamo, ante contratos que los usuarios firmaron
con la empresa Cálidda por el monto de S/ 1.990 a los que no se aplicaron los
subsidios correspondientes, dejando a
miles de usuarios con un tratamiento injusto respecto a los que firmaron
contratos con Cálidda hasta junio del 2014, en que todos pagaban S/ 960.
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IGV JUSTO
SUPERA PRIMERA VOTACIÓN
Se aprobó en primera votación el dictamen denominado
“IGV justo” en beneficio de las empresas con ventas totales al año de hasta
1.700 UIT (r S/ 6.715.000).
Los promotores del dictamen aspiran a facilitar el
uso de los recursos financieros en favor del crecimiento de las empresas
beneficiadas, las cuales accederán a una prórroga del pago del IGV por tres
meses.
El efecto de la norma –según la Sunat- será que el
fisco tendrá unos S/ 1.118 millones menos de ingresos por año, porque todos
los años se recaudará de esas empresas solo nueve meses por concepto de IGV, mientras que por la pérdida de
intereses se tendrá una pérdida para el Estado de 24 millones de soles.
Inicialmente
el proyecto pretendía incluir solo a empresas con ventas de 300 UIT, pero la
bancada de Fuerza Popular decidió ampliarla hasta 1700 UIT.
El proyecto
tiene el apoyo de sectores empresariales que piensan que las Mypes contarán con mayor liquidez y estarán en mejor situación para
formalizarse. Pero por otro lado
algunos especialistas han afirmado que debe definirse que empresa es
considerada una mype en el país, para la aplicación de la referida nueva
norma.
Además, se entiende que una prórroga en el pago del
IGV para las MYPES le generará al Estado una pérdida en el pago de intereses.
Pero no está todavía claro por qué la prórroga va a significar a la postre
una menor recaudación.
Si la norma se aprueba, serán los hechos quienes
digan cuál de las dos referidas posiciones lleva la razón. Y se verá si es
posible un sistema tributario que exonere al contribuyente de pagar el IGV
cuando todavía no ha recibido el dinero producto de su venta.
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CONCERTACIÓN
DE PRECIOS
En el país hay un sistema de competencia donde el
productor o intermediario vende su producto al precio que cree conveniente,
pero que lo alza o lo baja según los competidores hagan lo mismo, para que su
producto se venda y no se quede en los anaqueles.
Pero este sistema les puede acarrear pérdidas y como consecuencia también su salida al mercado.
Para no estar en esa situación buscan los medios
para –vulnerando los reglamentos- concertar
precios con el competidor. Algo que para ellos en un determinado
momento puede ser de vida o muerte.
Pero hacer eso no está permitido y pueden ser
penalizados por el Estado con fuertes multas.
Y sin embargo también está la otra situación, no la
de evitar perjudicarse sino la, por el contrario, aumentar los márgenes de ganancia. En esa línea el especialista Sergio Salinas dice que la concertación no solo
distorsiona el correcto funcionamiento del mercado, sino que también
permite generar ganancias
extraordinarias a los involucrados en perjuicio de los consumidores. Y añade
que hay mercados en los que la competencia probablemente sea muy fuerte y hay
otros donde por el tamaño de la economía local no es posible tener una
cantidad significativa de competidores.
Otro tema es la capacidad del Estado para detectar
los procesos de concertación. Indecopi ha tenido algunos resonantes éxitos. ¿Pero eso es todo? ¿No hay más?
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